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Oficio SPDP-IGRD-2026-549-O

  1. ¿Debe interpretarse que la exclusión del ámbito material de aplicación prevista en el literal f) del artículo 2 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales se limita al tratamiento realizado directamente por los organismos estatales competentes para la prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales, o comprende también la comunicación de datos que efectúe un responsable del sector privado en atención a una solicitud u orden emitida por dichos organismos en ejercicio de sus competencias legales? 
  1. ¿Debe considerarse a la Fiscalía General del Estado, en su calidad de órgano autónomo de la Función Judicial encargado constitucionalmente de dirigir la investigación preprocesal y procesal penal, como una “autoridad administrativa” para efectos de la excepción al consentimiento prevista en el numeral 3 del artículo 36 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales? 

ANÁLISIS

1.1 FUNDAMENTO JURÍDICO

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 11.3.9 del artículo 11 de la Codificación, expedida mediante Resolución N° SPDP-SPD-2026-0030-R, que establece entre las atribuciones y responsabilidades del Superintendente de Protección de Datos Personales la de “[a]tender consultas en materia de protección de datos personales”, y en ejercicio de la competencia administrativa delegada a la Intendencia General de Regulación de Protección de Datos Personales (“IRD”), se procede a absolver la presente consulta, a nombre y en representación de la SPDP, en los siguientes términos:  

El numeral 19 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador (“CRE”) reconoce el derecho a la protección de datos personales estableciendo lo siguiente:  

“Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: (…) 19. El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley (…)” (énfasis agregado). 

El artículo 2 de la LOPDP determina su ámbito de aplicación material en los siguientes términos:  

“Art.2.- Ámbito de aplicación material. – La presente ley se aplicará al tratamiento de datos personales contenidos en cualquier tipo de soporte, automatizados o no, así como a toda modalidad de uso posterior. La ley no será aplicable a: (…) 

f) Datos o bases de datos establecidos para la prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, llevado a cabo por los organismos estatales competentes en cumplimiento de sus funciones legales. En cualquiera de estos casos deberá darse cumplimiento a los estándares internacionales en la materia de derechos humanos y a los principios de esta ley, y como mínimo a los criterios de legalidad, proporcionalidad y necesidad; (…)” (énfasis agregado). 

Por su parte, el artículo 4 de la LOPDP establece, entre otras, las siguientes definiciones: 

“Responsable de tratamiento de datos personales: persona natural o jurídica, pública o privada, autoridad pública, u otro organismo, que solo o conjuntamente con otros decide sobre la finalidad y el tratamiento de datos personales. 

Transferencia o comunicación: Manifestación, declaración, entrega, consulta, interconexión, cesión, transmisión, difusión, divulgación o cualquier forma de revelación de datos personales realizada a una persona distinta al titular, responsable o encargado del tratamiento de datos personales. Los datos personales que comuniquen deben ser exactos, completos y actualizados. 

Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales, ya sea por procedimientos técnicos de carácter automatizado, parcialmente automatizado o no automatizado, tales como: la recogida, recopilación, obtención, registro, organización, estructuración, conservación, custodia, adaptación, modificación, eliminación, indexación, extracción, consulta, elaboración, utilización, posesión, aprovechamiento, distribución, cesión, comunicación o transferencia, o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo, interconexión, limitación, supresión, destrucción y, en general, cualquier uso de datos personales. (énfasis agregado).” 

En relación con las condiciones que determinan la licitud del tratamiento, el artículo 7 de la LOPDP establece, en lo pertinente: 

Art. 7.-Tratamiento legítimo de datos personas. – El tratamiento será legítimo y lícito si se cumple con alguna de las siguientes condiciones: (…) 

2) Que sea realizado por el responsable del tratamiento en cumplimiento de una obligación legal; 

3) Que sea realizado por el responsable del tratamiento, por orden judicial, debiendo observarse los principios de la presente ley; 

4) Que el tratamiento de datos personales se sustente en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, derivados de una competencia atribuida por una norma con rango de ley, sujeto al cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos aplicables a la materia, al cumplimiento de los principios de esta ley y a los criterios de legalidad, proporcionalidad y necesidad;(…)” 

Respecto del régimen jurídico aplicable a las transferencias o comunicaciones de datos personales, el artículo 33 de la LOPDP dispone: 

“Art. 33.- Transferencia o comunicación de datos personales. – Los datos personales podrán transferirse o comunicarse a terceros cuando se realice para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del responsable y del destinatario, cuando la transferencia se encuentre configurada dentro de una de las causales de legitimidad establecidas en esta Ley, y se cuente, además, con el consentimiento del titular. 

Se entenderá que el consentimiento es informado cuando para la transferencia o comunicación de datos personales el responsable del tratamiento haya entregado información suficiente al titular que le permita conocer la finalidad a que se destinarán sus datos y el tipo de actividad del tercero a quien se pretende transferir o comunicar dichos datos.” 

El artículo 36 de la LOPDP establece, respecto de las excepciones al consentimiento para la transferencia o comunicación de datos personales, lo siguiente: 

“Art. 36.- Excepciones de consentimiento para la transferencia o comunicación de datos personales. – No es necesario contar con el consentimiento del titular para la transferencia o comunicación de datos personales, en los siguientes supuestos: (…) 

3) Cuando los datos personales deban proporcionarse a autoridades administrativas o judiciales en virtud de solicitudes y órdenes amparadas en competencias atribuidas en la norma vigente; (…)”. 

El artículo 22 del RGLOPDP dispone lo siguiente: 

“Art. 22.- Supuestos para la transferencia de datos a terceros. – La transferencia o comunicación de datos personales a terceros se podrá realizar siempre que concurran los siguientes supuestos: 

  1. Para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del responsable y del tercero destinatario, en cuyo caso el destinatario se obliga a cumplir con la normativa de protección de datos; y, 
  1. Cuando se cuente con el consentimiento previo del titular, el cual puede ser revocado en cualquier momento. 

No se requerirá el consentimiento del titular en los supuestos previstos en la Ley.” 

Mediante Resolución Nº SPDP-SPD-2026-0004-R se expidió la Norma General de Transferencias o Comunicaciones Nacionales e Internacionales de Datos Personales. 

El artículo 6 de la referida Resolución dispone: 

“Art. 6.- Las transferencias nacionales de datos personales deberán sujetarse a las siguientes condiciones: 

6.1. Que exista una finalidad lícita, legítima y determinada, vinculada a las funciones del responsable y del tercero; 

6.2. Que se cuente con una base de legitimación de conformidad con la LOPDP; y, 

6.3. Que se disponga del consentimiento informado del titular, salvo en los casos de excepción previstos en la LOPDP.” 

1.2. ANÁLISIS DE LA PRIMERA INTERROGANTE 

Del literal f) del artículo 2 de la LOPDP se desprende que la exclusión de su ámbito material de aplicación responde a la concurrencia de tres presupuestos jurídicos: i) la finalidad del tratamiento, vinculada con la prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales, o con la ejecución de sanciones penales; ii) la condición de organismo estatal competente del sujeto que realiza el tratamiento; y, iii) el ejercicio de las funciones legalmente atribuidas a dicho organismo. La concurrencia de estos presupuestos delimita el alcance de la exclusión y permite identificar las operaciones de tratamiento comprendidas en ella. 

En este sentido, se precisa que el ámbito material de aplicación de la LOPDP se determina atendiendo a las características jurídicas de cada tratamiento, considerando la finalidad perseguida, la condición del sujeto que lo realiza y el fundamento normativo que sustenta su actuación. 

Esta aplicación encuentra sustento en el artículo 4 de la LOPDP, que define el tratamiento como cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales, incluidas su recopilación, conservación, utilización, comunicación y transferencia. Asimismo, la referida disposición atribuye la calidad de responsable del tratamiento al sujeto que, individual o conjuntamente, decide sobre su finalidad y realización. 

En este sentido, unos mismos datos personales pueden ser objeto de distintas operaciones de tratamiento, realizadas por diferentes responsables. En consecuencia, cada operación conserva su propia naturaleza jurídica, por lo que cada operación puede estar sujeta a diferentes condiciones jurídicas, por lo que cada una debe examinarse de acuerdo con la finalidad que la sustenta, el sujeto que la realiza, y las disposiciones normativas aplicables.  

Esta distinción es importante en materia de comunicación de datos personales. De conformidad con el artículo 4 de la LOPDP, la comunicación constituye una operación de tratamiento mediante la cual se revela información a un tercero. Por su parte, el tratamiento posterior efectuado por el destinatario constituye una operación diferenciada, cuya finalidad y condiciones jurídicas corresponden a la actuación de dicho sujeto. 

En este contexto, la comunicación efectuada por un responsable del tratamiento y el tratamiento posterior realizado por el destinatario constituyen operaciones jurídicamente diferenciadas, cuya licitud debe determinarse de manera individualizada. La relación existente entre ambas operaciones exige identificar las condiciones jurídicas correspondientes a cada interviniente, aun cuando recaigan sobre los mismos datos personales y se encuentren vinculadas a una finalidad común. 

Trasladada esta distinción al alcance del literal f) del artículo 2 de la LOPDP, se precisa que la exclusión corresponde al tratamiento realizado por los organismos estatales competentes en cumplimiento de sus funciones legales y para las finalidades expresamente contempladas en dicha disposición. Por su parte, la comunicación efectuada por el responsable constituye una operación propia, sujeta a las disposiciones de protección de datos personales que regulan su actuación. 

Una vez determinada la sujeción de una operación al ámbito material de aplicación de la LOPDP, corresponde examinar las condiciones que sustentan su licitud. Al respecto, los numerales 2 y 3 del artículo 7 de la LOPDP contemplan supuestos de legitimación diferenciados, relacionados, respectivamente, con el cumplimiento de una obligación legal o la existencia de una orden judicial.  

De estas disposiciones se desprende que la legitimación del tratamiento debe guardar correspondencia con el fundamento jurídico de la operación realizada por el responsable. Particularmente, el numeral 2 del artículo 7 de la LOPDP vincula la licitud del tratamiento con el cumplimiento de una obligación legal, mientras que el numeral 3 del mismo artículo contempla el tratamiento realizado por orden judicial, con observancia de los principios establecidos en la Ley.  

En este sentido, se precisa que las competencias atribuidas al organismo destinatario y las condiciones que legitiman la comunicación efectuada por el responsable constituyen presupuestos jurídicos diferenciados. Las primeras sustentan la actuación del organismo que requiere la información, mientras que las segundas determinan el fundamento de licitud de la operación realizada por quien comunica los datos personales. 

1.3. ANÁLISIS DE LA SEGUNDA INTERROGANTE 

Del numeral 3 del artículo 36 de la LOPDP, en concordancia con el régimen de transferencias o comunicaciones establecido en el artículo 33 del mismo cuerpo normativo, se identifican cinco elementos jurídicos relevantes para la aplicación de la excepción al consentimiento del titular: i) la existencia de una transferencia o comunicación de datos personales; ii) la condición de autoridad administrativa o judicial del destinatario; iii) la existencia de una solicitud u orden que motive la comunicación; iv) la atribución normativa de la competencia en cuyo ejercicio se formula dicha solicitud u orden; y, v) el carácter jurídicamente debido de la entrega de los datos personales, conforme al fundamento normativo que sustenta el requerimiento. 

El primero de estos elementos delimita la operación de tratamiento respecto de la cual se examina la excepción, mientras que los cuatro restantes permiten determinar la concurrencia de los presupuestos específicos establecidos en el numeral 3 del artículo 36 de la LOPDP. 

En este sentido, se precisa que la expresión “autoridades administrativas o judiciales” debe aplicarse en atención a la naturaleza jurídica de las funciones ejercidas por el organismo destinatario y a las competencias que el ordenamiento jurídico le atribuye para su cumplimiento. De esta manera, la interpretación de la expresión previamente mencionada exige considerar conjuntamente la condición jurídica del organismo destinatario y la naturaleza de la actuación que sustenta el requerimiento.  

En este contexto, corresponde precisar que la competencia de la SPDP para absolver consultas se circunscribe al inteligenciamiento de las disposiciones de la normativa de protección de datos personales. Por consiguiente, la interpretación del numeral 3 del artículo 36 de la LOPDP no comprende la determinación de la naturaleza jurídica u orgánica de una institución pública específica, ni la calificación de las atribuciones que le corresponden conforme a su régimen jurídico particular. En concordancia con lo señalado, la expresión “deban proporcionarse”, configura la excepción al consentimiento con el fundamento jurídico que justifica la entrega de los datos personales. Por tanto, se exige distinguir entre la competencia atribuida al organismo destinatario para requerir información y el deber jurídico que corresponde al responsable del tratamiento respecto de su comunicación. 

Esta distinción resulta determinante, puesto que la competencia de la autoridad requirente y la obligación jurídica de proporcionar los datos personales responden a posiciones jurídicas diferentes. La primera sustenta y delimita la actuación del organismo que formula la solicitud u orden, mientras que la segunda exige identificar las disposiciones que justifican la entrega de información por parte del responsable requerido. 

De las disposiciones citadas se desprende que la competencia de la autoridad destinataria, la base de legitimación del responsable y la excepción al consentimiento constituyen presupuestos jurídicos diferenciados que deben examinarse de manera articulada. La competencia faculta la actuación de la autoridad que requiere la información; la base de legitimación sustenta la licitud del tratamiento realizado por el responsable; y, la excepción al consentimiento determina los supuestos en los cuales la LOPDP ha previsto la posibilidad de efectuar la comunicación prescindiendo de la autorización del titular. Esta interpretación guarda concordancia con el artículo 33 de la LOPDP, y con el artículo 22 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (“RGLOPDP”), que reconoce las excepciones al consentimiento expresamente previstas en la Ley. 

De igual manera, los numerales 6.1, 6.2 y 6.3 del artículo 6 de la Norma General de Transferencias o Comunicaciones Nacionales e Internacionales de Datos Personales, expedida mediante resolución Nº SPDP-SPD-2026-0004-R, contemplan de forma diferenciada la exigencia de una finalidad lícita, legítima y determinada, así como la concurrencia de una base de legitimación conforme a la LOPDP y el consentimiento informado del titular, con las excepciones legalmente establecidas. 

De la interpretación sistemática de estas disposiciones se desprende que la excepción al consentimiento constituye una previsión específica dentro del régimen de transferencias o comunicaciones de datos personales, cuya aplicación debe articularse con las condiciones generales de licitud del tratamiento.  

Este criterio guarda relación con el desarrollado mediante oficio Nº SPDP-IRD-2026-0242-O, en el cual, respecto de las transferencias o comunicaciones de datos personales entre los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales y sus entidades asociativas, se precisó lo siguiente: 

“(…) las transferencias o comunicaciones de datos personales únicamente podrán considerarse legítimas cuando respondan a fines directamente relacionados con las competencias y funciones legalmente atribuidas tanto a la entidad emisora como a la entidad receptora, exista una base de legitimación válida y se respeten integralmente los principios de finalidad, proporcionalidad y minimización de datos” 

Del pronunciamiento citado se desprende que la legitimidad de una comunicación de datos personales exige examinar las funciones correspondientes a los sujetos intervinientes, la base de legitimación aplicable y la observancia de los principios que rigen el tratamiento. Este criterio resulta pertinente para distinguir entre las competencias que sustentan las solicitudes u órdenes de la autoridad destinataria y las condiciones jurídicas que corresponden al responsable que efectúa la comunicación. 

Por consiguiente, la aplicación de la excepción prevista en el numeral 3 del artículo 36 de la LOPDP exige considerar la naturaleza jurídica de la autoridad destinataria, las competencias que sustentan la solicitud u orden y el fundamento normativo que justifica la entrega de los datos personales. Estos elementos deben examinarse en concordancia con las condiciones de legitimación previstas en el artículo 7 de la LOPDP y con los requisitos aplicables a las transferencias o comunicaciones establecidos en el artículo 33 del mismo cuerpo normativo. 

En virtud de lo expuesto, el alcance de la excepción al consentimiento se determina a partir de la concurrencia de los presupuestos expresamente establecidos en el numeral 3 del artículo 36 de la LOPDP, considerando la posición jurídica de los sujetos intervinientes y el fundamento normativo de la operación de comunicación.

PRONUNCIAMIENTO SOBRE LO CONSULTADO 

  1. “¿Debe interpretarse que la exclusión del ámbito material de aplicación prevista en el literal f) del artículo 2 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales se limita al tratamiento realizado directamente por los organismos estatales competentes para la prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales, o comprende también la comunicación de datos que efectúe un responsable del sector privado en atención a una solicitud u orden emitida por dichos organismos en ejercicio de sus competencias legales? 

La exclusión prevista en el literal f) del artículo 2 de la LOPDP comprende los tratamientos realizados por los organismos estatales competentes, para las finalidades expresamente señaladas en dicha disposición y en ejercicio de sus funciones legales. Por tanto, la comunicación de datos personales efectuada por un responsable del sector privado constituye una operación de tratamiento diferenciada, sujeta a las condiciones de legitimación previstas en el artículo 7 de la LOPDP y a los requisitos aplicables a las transferencias o comunicaciones establecidos en el artículo 33, considerando las excepciones al consentimiento contempladas en el artículo 36 del mismo cuerpo normativo. 

  1. ¿Debe considerarse a la Fiscalía General del Estado, en su calidad de órgano autónomo de la Función Judicial encargado constitucionalmente de dirigir la investigación preprocesal y procesal penal, como una “autoridad administrativa” para efectos de la excepción al consentimiento prevista en el numeral 3 del artículo 36 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales?  

La expresión “autoridades administrativas o judiciales”, prevista en el numeral 3 del artículo 36 de la LOPDP, debe interpretarse atendiendo a la naturaleza jurídica de las funciones ejercidas por el organismo destinatario y a las competencias legalmente atribuidas. En consecuencia, la aplicación de dicha excepción exige verificar que la comunicación responda a una solicitud u orden amparada en competencias normativamente atribuidas y que exista un fundamento jurídico que determine el deber de proporcionar los datos personales. Al respecto, corresponde precisar que la presente absolución se circunscribe al inteligenciamiento del alcance jurídico del numeral 3 del artículo 36 de la LOPDP, por lo que la determinación de la naturaleza jurídica de los organismos destinatarios y de las competencias que les han sido atribuidas debe efectuarse de conformidad con las disposiciones que regulan su organización y funcionamiento.  

La concurrencia de estos presupuestos permite establecer la procedencia de la excepción al consentimiento, en concordancia con las condiciones de legitimación previstas en el artículo 7 y los requisitos establecidos en el artículo 33 de la LOPDP, sin que el presente pronunciamiento implique una valoración sobre la procedencia de requerimientos específicos de información. 

Este pronunciamiento debe ser entendido en su integridad y su aplicación es de exclusiva responsabilidad de la Consultante. Esta respuesta no tiene carácter vinculante ni genera efectos jurídicos generales, pues constituye únicamente una opinión técnica sobre la normativa aplicable en materia de protección de datos personales. 

Su contenido no puede, en ningún caso, ser invocado para limitar, condicionar o impedir el ejercicio de las facultades de supervisión, control y sanción que corresponden a la Superintendencia de Protección de Datos Personales.

Alcance al oficio SPDP-IGRD-2026-549-O 

Oficio N° SPDP-IGRD-2026-582-O

2. ANÁLISIS

2.1. FUNDAMENTO JURÍDICO

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 11.3.9 del artículo 11 de la Codificación del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de Arranque de la Superintendencia de Protección de Datos Personales, expedida mediante Resolución N° SPDP-SPD-2026-0030-R, que establece entre las atribuciones y responsabilidades del Superintendente de Protección de Datos Personales la de atender consultas en materia de protección de datos personales, y en ejercicio de la competencia administrativa delegada a la Intendencia General de Regulación de Protección de Datos Personales, corresponde examinar las siguientes disposiciones:

El numeral 19 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador (CRE) reconoce el derecho a la protección de datos personales, en los siguientes términos:

“Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: (…)

  1. El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley (…)”.

Por su parte, el artículo 178 de la CRE establece, en lo pertinente:

“Art. 178.- Los órganos jurisdiccionales, sin perjuicio de otros órganos con iguales potestades reconocidas en la Constitución, son los encargados de administrar justicia, y serán los siguientes: (…)

La Defensoría Pública y la Fiscalía General del Estado son órganos autónomos de la Función Judicial”.

El artículo 194 de la CRE dispone:

“Art. 194.- La Fiscalía General del Estado es un órgano autónomo de la Función Judicial, único e indivisible, funcionará de forma desconcentrada y tendrá autonomía administrativa, económica y financiera (…)”.

Asimismo, el artículo 195 de la CRE determina:

“Art. 195.- La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación preprocesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas (…)”.

En concordancia con estas disposiciones constitucionales, el artículo 442 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece:

“Art. 442.- Fiscalía.- La Fiscalía dirige la investigación preprocesal y procesal penal e interviene hasta la finalización del proceso (…)”.

Por su parte, el artículo 444 del COIP reconoce, entre las atribuciones de la o el fiscal, las siguientes:

“Art. 444.- Atribuciones de la o el fiscal.- Son atribuciones de la o el fiscal, las siguientes: (…)

4. Disponer al personal del Sistema especializado integral de investigación, medicina legal y ciencias forenses o al personal competente en materia de tránsito, la práctica de diligencias tendientes al esclarecimiento del hecho, salvo la recepción de la versión del sospechoso. (…)”

14. Disponer la práctica de las demás diligencias investigativas que considere necesarias”

De manera específica, el numeral 2 del artículo 499 del COIP, relativo a las reglas generales de la prueba documental, dispone:

“Art. 499.- Reglas generales.- La prueba documental se regirá por las siguientes reglas: (…)

2. La o el fiscal o la o el defensor público o privado, podrá requerir informes sobre datos que consten en registros, archivos, incluyendo los informáticos, que se valorarán en juicio.

3. No se hará otro uso de la correspondencia y de los otros documentos agregados al proceso que el necesario para esclarecer los hechos y circunstancias materia del juicio y de sus posibles responsables.

(…)

5. No se podrá hacer uso procesal o extraprocesal de ninguno de los datos que suministren los documentos si versan sobre asuntos que no tienen relación con el proceso.”

Adicionalmente, el artículo 477.2 del COIP, relativo a las órdenes de presentación, establece, en su primer inciso, lo siguiente:

Art. 477.2.- Orden de presentación.- El juez, a pedido del fiscal, podrá ordenar a cualquier persona natural o jurídica con domicilio en el territorio nacional o que ofrezca sus servicios en el territorio nacional, que presente, remita o entregue datos de contenido alojados en un sistema informático o en un dispositivo de almacenamiento de datos informáticos que esté bajo su poder o control y que se vinculen con la investigación de un delito concreto. La orden podrá contener la indicación de que la medida deberá mantenerse con confidencialidad bajo el apercibimiento de sanción penal».

El segundo inciso del mismo artículo faculta a la o el fiscal a lo siguiente:“(…) El fiscal, sin autorización del juez, podrá ordenar a cualquier persona natural o jurídica con domicilio en el territorio nacional o que ofrezca sus servicios en el territorio nacional, que presente, remita o entregue datos de abonado y de tráfico alojados en un sistema informático o en un dispositivo de almacenamiento de datos informáticos que esté bajo su poder o control y que se vinculen con la investigación de un delito concreto. La orden podrá contener la indicación de que la medida deberá mantenerse con confidencialidad bajo el apercibimiento de sanción penal.”

Asimismo, el artículo 477.1 del COIP faculta a la o el fiscal a lo siguiente:

“Art. 477.1.- Aseguramiento de datos.- Para el aseguramiento de datos se observará las siguientes reglas:

1. El fiscal a cargo de la investigación, sin necesidad de autorización judicial, podrá ordenar a una o varias personas naturales o jurídicas la conservación expedita de datos informáticos específicos, incluidos los datos de abonado y de tráfico, que hayan sido almacenados mediante un sistema informático o en un dispositivo de almacenamiento informático, en particular cuando haya motivos para sospechar que los datos informáticos son especialmente vulnerables a la pérdida o a la modificación. La orden deberá establecer la obligación de preservar y mantener la integridad de los datos informáticos durante el tiempo necesario hasta un máximo de noventa días, prorrogables por igual período si se mantienen los motivos que fundamentaron la orden. De la misma manera y en virtud del principio de celeridad, esta conservación podrá ser solicitada por la Policía Nacional en delito flagrante, cuando medie una investigación previa, instrucción fiscal, actuaciones fiscales urgentes, actos administrativos e investigación de noticias de personas desaparecidas; en este caso se notificará a la Fiscalía en el plazo máximo de ocho horas posteriores a la solicitud.
2. La persona natural o jurídica procurará los medios necesarios para preservar de inmediato los datos en cuestión y queda obligada a mantener la confidencialidad de la orden recibida durante el tiempo que dure la medida, bajo el apercibimiento de incurrir en responsabilidad penal.”

Por su parte, el artículo 448 del COIP determina:

“Art. 448.- Organización y dirección.- En materia preprocesal y procesal penal, la Fiscalía organizará y dirigirá el Sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses que prestará servicios especializados de apoyo técnico y científico a la administración de justicia”

En cuanto al régimen de protección de datos personales, el artículo 2 de la LOPDP establece:

“Art. 2.- Ámbito de aplicación material.- La presente ley se aplicará al tratamiento de datos personales contenidos en cualquier tipo de soporte, automatizados o no, así como a toda modalidad de uso posterior. La ley no será aplicable a: (…)  

f) Datos o bases de datos establecidos para la prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, llevado a cabo por los organismos estatales competentes en cumplimiento de sus funciones legales. En cualquiera de estos casos deberá darse cumplimiento a los estándares internacionales en la materia de derechos humanos y a los principios de esta ley, y como mínimo a los criterios de legalidad, proporcionalidad y necesidad”

El artículo 4 de la LOPDP establece, entre otras, las siguientes definiciones:

“Art. 4.- Términos y definiciones.- Para los efectos de la aplicación de la presente Ley se establecen las siguientes definiciones:

(…)

Responsable de tratamiento de datos personales: persona natural o jurídica, pública o privada, autoridad pública, u otro organismo, que solo o conjuntamente con otros decide sobre la finalidad y el tratamiento de datos personales.

(…)

Transferencia o comunicación: Manifestación, declaración, entrega, consulta, interconexión, cesión, transmisión, difusión, divulgación o cualquier forma de revelación de datos personales realizada a una persona distinta al titular, responsable o encargado del tratamiento de datos personales. Los datos personales que comuniquen deben ser exactos, completos y actualizados”.

En relación con las condiciones de legitimidad del tratamiento, el artículo 7 de la LOPDP establece, en lo pertinente:

“Art. 7.- Tratamiento legítimo de datos personales.- El tratamiento será legítimo y lícito si se cumple con alguna de las siguientes condiciones:

(…)

2. Que sea realizado por el responsable del tratamiento en cumplimiento de una obligación legal;

3. Que sea realizado por el responsable del tratamiento, por orden judicial, debiendo observarse los principios de la presente ley;

4. Que el tratamiento de datos personales se sustente en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, derivados de una competencia atribuida por una norma con rango de ley (…)”.

Respecto del régimen de transferencias o comunicaciones de datos personales, el artículo 33 de la LOPDP dispone:

“Art. 33.- Transferencia o comunicación de datos personales.- Los datos personales podrán transferirse o comunicarse a terceros cuando se realice para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del responsable y del destinatario, cuando la transferencia se encuentre configurada dentro de una de las causales de legitimidad establecidas en esta Ley, y se cuente, además, con el consentimiento del titular.

Se entenderá que el consentimiento es informado cuando para la transferencia o comunicación de datos personales el responsable del tratamiento haya entregado información suficiente al titular que le permita conocer la finalidad a que se destinarán sus datos y el tipo de actividad del tercero a quien se pretende transferir o comunicar dichos datos”.

Por su parte, el artículo 36 de la LOPDP establece las excepciones al consentimiento para la transferencia o comunicación de datos personales, señalando:

“Art. 36.- Excepciones de consentimiento para la transferencia o comunicación de datos personales.- No es necesario contar con el consentimiento del titular para la transferencia o comunicación de datos personales, en los siguientes supuestos:

(…)

3. Cuando los datos personales deban proporcionarse a autoridades administrativas o judiciales en virtud de solicitudes y órdenes amparadas en competencias atribuidas en la norma vigente”.

En concordancia con ello, el artículo 22 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (RGLOPDP) reconoce lo siguiente:

Art. 22.- Supuestos para la transferencia de datos a terceros.- La transferencia o comunicación de datos personales a terceros se podrá realizar siempre que concurran los siguientes supuestos: 1. Para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del responsable y del tercero destinatario, en cuyo caso el destinatario se obliga a cumplir con la normativa de protección de datos; y, 2. Cuando se cuente con el consentimiento previo del titular, el cual puede ser revocado en cualquier momento. No se requerirá el consentimiento del titular en los supuestos previstos en la Ley.

Finalmente, el artículo 6 de la Norma General de Transferencias o Comunicaciones Nacionales e Internacionales de Datos Personales, expedida mediante Resolución N° SPDP-SPD-2026-0004-R, establece, respecto de las transferencias nacionales, las siguientes condiciones:

6.1. Que exista una finalidad lícita, legítima y determinada, vinculada a las funciones del responsable y del tercero;

6.2. Que se cuente con una base de legitimación de conformidad con la LOPDP; y,

6.3. Que se disponga del consentimiento informado del titular, salvo en los casos de excepción previstos en la LOPDP.

2.2. ANÁLISIS DE LA PRIMERA INTERROGANTE

El literal f) del artículo 2 de la LOPDP establece una exclusión de su ámbito material de aplicación respecto de determinados tratamientos de datos personales relacionados con la prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales, o con la ejecución de sanciones penales, cuando estos sean realizados por los organismos estatales competentes en cumplimiento de sus funciones legales.

De esta disposición se desprende que la exclusión responde a la concurrencia de tres presupuestos jurídicos: i) la finalidad del tratamiento, vinculada con las actividades expresamente contempladas en la norma; ii) la condición de organismo estatal competente del sujeto que realiza el tratamiento; y, iii) el ejercicio de las funciones legalmente atribuidas a dicho organismo.

Para determinar el alcance de esta exclusión, corresponde distinguir las operaciones de tratamiento que pueden efectuarse cuando un organismo estatal competente requiere información a un responsable del sector privado en el marco de una investigación penal.

En primer lugar, se encuentra el tratamiento realizado por el responsable del tratamiento en el desarrollo de sus propias actividades o giro de negocio, que puede comprender, entre otras operaciones: la recopilación, registro, utilización, conservación y almacenamiento de datos personales para el cumplimiento de sus finalidades legítimas. Estas operaciones se encuentran sujetas al ámbito material de aplicación de la LOPDP y deben observar las condiciones de legitimación y demás obligaciones establecidas en dicho cuerpo normativo.

En segundo lugar, se encuentra la comunicación de datos personales efectuada por el responsable del tratamiento cuando recibe una solicitud u orden de entrega de información formulada por un organismo estatal competente en ejercicio de sus atribuciones legales. Esta comunicación constituye una operación de tratamiento diferenciada de aquellas realizadas originalmente por el responsable, puesto que implica la revelación de datos personales a un tercero destinatario para una finalidad vinculada con el cumplimiento del requerimiento legalmente formulado.

En consecuencia, esta segunda operación se encuentra comprendida en la definición de transferencia o comunicación establecida en el artículo 4 de la LOPDP y debe observar el régimen jurídico previsto en los artículos 33 y siguientes del mismo cuerpo normativo.

Al respecto, el artículo 33 de la LOPDP establece las condiciones generales aplicables a las transferencias o comunicaciones de datos personales, entre las cuales se encuentra la existencia de una base de legitimación y el consentimiento del titular, sin perjuicio de las excepciones expresamente contempladas en la propia Ley.

En este contexto, debe considerarse que el numeral 2 del artículo 7 de la LOPDP reconoce como base de legitimación el tratamiento efectuado por el responsable en cumplimiento de una obligación legal. Por consiguiente, cuando la comunicación de datos personales responda al cumplimiento de un deber jurídico derivado de una solicitud u orden legítimamente formulada por una autoridad competente, dicha operación encontrará su fundamento de licitud en la referida disposición.

De manera complementaria, el numeral 3 del artículo 36 de la LOPDP establece expresamente que no será necesario contar con el consentimiento del titular cuando los datos personales deban proporcionarse a autoridades administrativas o judiciales en virtud de solicitudes u órdenes amparadas en competencias atribuidas por la normativa vigente.

Por tanto, la aplicación del régimen de transferencias o comunicaciones no determina, por sí misma, la necesidad de obtener el consentimiento del titular, puesto que la propia LOPDP contempla excepciones expresas a dicho requisito.

En tercer lugar, se encuentra el tratamiento realizado por el organismo estatal destinatario una vez recibida la información, para el cumplimiento de las funciones de investigación penal que le han sido legalmente atribuidas. Cuando dicho tratamiento reúna los presupuestos establecidos en el literal f) del artículo 2 de la LOPDP, se encontrará comprendido en la exclusión del ámbito material de aplicación prevista en esa disposición, sin perjuicio de la observancia de los estándares internacionales de derechos humanos, los principios de la Ley y los criterios de legalidad, proporcionalidad y necesidad.

De lo expuesto se desprende que el tratamiento inicialmente realizado por el responsable del tratamiento, la comunicación de información efectuada en cumplimiento de un requerimiento legal y el tratamiento posterior realizado por el organismo estatal competente constituyen operaciones jurídicamente diferenciadas, cuyo régimen aplicable debe determinarse atendiendo a la finalidad, al sujeto que realiza cada operación y a las disposiciones que sustentan su legitimidad.

En consecuencia, la exclusión contemplada en el literal f) del artículo 2 de la LOPDP no se extiende automáticamente al tratamiento de comunicación efectuado por el responsable del sector privado. No obstante, dicha comunicación se encuentra jurídicamente habilitada por responder al cumplimiento de una obligación legal y concurre la excepción al consentimiento establecida en el numeral 3 del artículo 36 de la LOPDP.

Por consiguiente, la sujeción de un responsable del tratamiento al régimen de protección de datos personales no constituye un impedimento para proporcionar información requerida legítimamente por los organismos estatales competentes para el desarrollo de investigaciones penales. La licitud de dicha comunicación deberá determinarse de conformidad con las bases de legitimación y las excepciones al consentimiento previstas en la propia LOPDP.

2.3. ANÁLISIS DE LA SEGUNDA INTERROGANTE

El numeral 3 del artículo 36 de la LOPDP establece una excepción al consentimiento del titular para la transferencia o comunicación de datos personales cuando estos deban proporcionarse a autoridades administrativas o judiciales en virtud de solicitudes u órdenes amparadas en competencias atribuidas por la normativa vigente.

Para determinar el alcance de esta disposición respecto de la Fiscalía General del Estado, corresponde considerar su naturaleza jurídica, las competencias que le reconoce el ordenamiento jurídico ecuatoriano y los efectos de dichas atribuciones sobre las obligaciones del responsable del tratamiento que recibe un requerimiento de información.

Al respecto, los artículos 178 y 194 de la Constitución de la República del Ecuador reconocen expresamente a la Fiscalía General del Estado como un órgano autónomo de la Función Judicial. Asimismo, el artículo 195 de la Constitución le atribuye la dirección de la investigación preprocesal y procesal penal, así como el ejercicio de la acción penal pública. En este sentido, la Fiscalía forma parte de la Función Judicial y ejerce competencias constitucionales específicas vinculadas con la investigación y persecución de infracciones penales.

Por tanto, su naturaleza jurídica y las funciones que constitucionalmente le han sido atribuidas permiten comprenderla dentro del alcance de la expresión “autoridades administrativas o judiciales” prevista en el numeral 3 del artículo 36 de la LOPDP, sin que resulte necesario atribuirle la condición de autoridad administrativa para la aplicación de dicha excepción.

En concordancia con ello, los artículos 442 y 444 del COIP reconocen las atribuciones de la Fiscalía para dirigir las investigaciones preprocesales y procesales penales y disponer las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

De manera específica, el numeral 2 del artículo 499 del COIP reconoce expresamente la facultad de la o el fiscal para requerir informes sobre datos que consten en registros y archivos, incluidos los informáticos.

Asimismo, el artículo 477.2 del COIP establece mecanismos específicos para la presentación, remisión o entrega de datos informáticos, diferenciando los supuestos que requieren una orden judicial de aquellos en los que la o el fiscal puede formular directamente el requerimiento, conforme a las condiciones previstas en dicha disposición.

En este punto, resulta necesario precisar que una solicitud u orden formulada por la Fiscalía, en ejercicio de sus competencias legales, no constituye necesariamente una orden judicial expedida por un órgano jurisdiccional. La Fiscalía, en su condición de órgano autónomo de la Función Judicial, cuenta con atribuciones propias para requerir información y disponer determinadas diligencias investigativas sin necesidad de autorización judicial previa, en aquellos supuestos expresamente previstos en la normativa penal.

Esta distinción es relevante para la aplicación del numeral 3 del artículo 36 de la LOPDP, puesto que dicha disposición no limita la excepción al consentimiento a la existencia de una orden judicial. Por el contrario, contempla expresamente las solicitudes y órdenes formuladas por autoridades administrativas o judiciales, siempre que se encuentren amparadas en competencias atribuidas por la normativa vigente.

En consecuencia, la aplicación de la excepción al consentimiento no depende exclusivamente de la existencia de una orden expedida por un juez, sino de que la solicitud u orden de entrega de información se encuentre sustentada en competencias legalmente atribuidas a la autoridad requirente y exista el correspondiente deber jurídico de proporcionar los datos personales.

Lo anterior no exime del cumplimiento de las autorizaciones judiciales exigibles para determinadas diligencias investigativas. En particular, el artículo 477.2 del COIP diferencia expresamente los supuestos en los cuales la o el fiscal puede requerir directamente determinados datos informáticos de aquellos que requieren la intervención de la autoridad judicial.

Por consiguiente, cuando el ordenamiento jurídico faculte a la Fiscalía para requerir directamente información y establezca el deber de proporcionarla, la comunicación efectuada por el responsable del tratamiento encontrará su fundamento de licitud en el numeral 2 del artículo 7 de la LOPDP y se encontrará exceptuada del consentimiento del titular conforme al numeral 3 del artículo 36 del mismo cuerpo normativo.

Por su parte, cuando la naturaleza de la información o de la diligencia requiera autorización judicial, la comunicación correspondiente deberá efectuarse una vez cumplidos los requisitos previstos en la legislación aplicable, sin que ello implique que el consentimiento del titular constituya una exigencia adicional para su ejecución.

En este contexto, cuando un responsable del tratamiento que recopila, utiliza o almacena datos personales en el desarrollo de sus actividades recibe un requerimiento legítimo de información formulado por la Fiscalía, la entrega correspondiente constituye una operación de transferencia o comunicación de datos personales, en los términos establecidos en el artículo 4 de la LOPDP.

Por tanto, dicha operación debe observar el régimen de transferencias o comunicaciones previsto en la LOPDP. No obstante, cuando la entrega responda al cumplimiento de un deber jurídico establecido en la normativa vigente, contará con una base de legitimación conforme al numeral 2 del artículo 7 de la LOPDP.

A su vez, por tratarse de una comunicación de datos personales a una autoridad comprendida dentro del alcance del numeral 3 del artículo 36 de la LOPDP, efectuada en virtud de una solicitud u orden amparada en competencias legalmente atribuidas, no será necesario recabar el consentimiento del titular para su ejecución.

De esta manera, deben distinguirse dos presupuestos jurídicos complementarios: por una parte, la base de legitimación que permite al responsable efectuar el tratamiento de comunicación, sustentada en el cumplimiento de una obligación legal; y, por otra, la excepción que permite prescindir del consentimiento del titular para proporcionar la información a la autoridad requirente.

En consecuencia, la aplicación de las disposiciones relativas a transferencias o comunicaciones de datos personales no puede interpretarse como una exigencia de consentimiento que obstaculice el cumplimiento de requerimientos legítimos de información formulados por la Fiscalía en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales.

Por tanto, cuando la Fiscalía requiera legítimamente información en ejercicio de las atribuciones que le han sido conferidas por el ordenamiento jurídico y exista el correspondiente deber jurídico de proporcionarla, la comunicación realizada por el responsable del tratamiento se encontrará legitimada por el numeral 2 del artículo 7 de la LOPDP y exceptuada del consentimiento del titular de conformidad con el numeral 3 del artículo 36 del mismo cuerpo normativo, sin perjuicio de las garantías constitucionales y legales aplicables.

3. PRONUNCIAMIENTO SOBRE LO CONSULTADO

1. ¿Debe interpretarse que la exclusión del ámbito material de aplicación prevista en el literal f) del artículo 2 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales se limita al tratamiento realizado directamente por los organismos estatales competentes para la prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales, o comprende también la comunicación de datos que efectúe un responsable del sector privado en atención a una solicitud u orden emitida por dichos organismos en ejercicio de sus competencias legales?

La exclusión prevista en el literal f) del artículo 2 de la LOPDP comprende los tratamientos realizados por los organismos estatales competentes para las finalidades expresamente contempladas en dicha disposición, en ejercicio de sus funciones legales.

Por su parte, el tratamiento inicialmente efectuado por un responsable del sector privado en el desarrollo de sus actividades o giro de negocio, así como la posterior comunicación de datos personales realizada en atención a una solicitud u orden formulada por dichos organismos, constituyen operaciones de tratamiento diferenciadas que se encuentran sujetas a las disposiciones de la LOPDP.

En particular, la comunicación de datos personales constituye una operación sujeta al régimen de transferencias o comunicaciones previsto en los artículos 33 y siguientes de la LOPDP. No obstante, cuando dicha comunicación responda al cumplimiento de una obligación legal, encontrará su base de legitimación en el numeral 2 del artículo 7 de la LOPDP y estará exceptuada del consentimiento del titular conforme al numeral 3 del artículo 36 del mismo cuerpo normativo, siempre que concurran los presupuestos legalmente previstos.

En consecuencia, la sujeción del responsable privado al ámbito de aplicación de la LOPDP no constituye un impedimento para atender requerimientos legítimos de información formulados por los organismos estatales competentes para el desarrollo de investigaciones penales.

2. ¿Debe considerarse a la Fiscalía General del Estado, en su calidad de órgano autónomo de la Función Judicial encargado constitucionalmente de dirigir la investigación preprocesal y procesal penal, como una “autoridad administrativa” para efectos de la excepción al consentimiento prevista en el numeral 3 del artículo 36 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales?

La Fiscalía General del Estado constituye un órgano autónomo de la Función Judicial, conforme a los artículos 178 y 194 de la Constitución de la República del Ecuador, por lo que se encuentra comprendida dentro del alcance de la expresión «autoridades administrativas o judiciales» prevista en el numeral 3 del artículo 36 de la LOPDP, sin que resulte necesario atribuirle la condición de autoridad administrativa para la aplicación de dicha excepción.

En consecuencia, cuando un responsable del tratamiento deba comunicar datos personales a la Fiscalía General del Estado, en virtud de solicitudes u órdenes formuladas en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, dicha operación se encontrará sujeta al régimen de transferencias o comunicaciones de la LOPDP, legitimada por el cumplimiento de una obligación legal conforme al numeral 2 del artículo 7 y exceptuada del consentimiento del titular de conformidad con el numeral 3 del artículo 36, siempre que concurran los presupuestos legalmente establecidos.

Al respecto, se precisa que la aplicación de esta excepción no requiere necesariamente la existencia de una orden judicial, puesto que el propio numeral 3 del artículo 36 de la LOPDP contempla las solicitudes y órdenes amparadas en competencias legalmente atribuidas a las autoridades correspondientes. Por tanto, los requerimientos formulados directamente por la Fiscalía General del Estado pueden encontrarse comprendidos en dicha excepción, siempre que su emisión y cumplimiento se ajusten a las disposiciones de la normativa penal. Lo señalado no exime de observar las autorizaciones judiciales que resulten exigibles para determinadas diligencias, de conformidad con la Constitución y el COIP.

Por consiguiente, la normativa de protección de datos personales no puede invocarse para impedir o condicionar injustificadamente el cumplimiento de requerimientos legítimos de información formulados por la Fiscalía en ejercicio de sus atribuciones de investigación penal.

Las precisiones efectuadas en este oficio deberán considerarse conjuntamente con el Oficio N° SPDP-IGRD-2026-549-O, en el marco del alcance interpretativo de las disposiciones examinadas, el cual es ratificado en su totalidad.

Este pronunciamiento debe ser entendido en su integridad y su aplicación es de exclusiva responsabilidad de la consultante. Esta respuesta no tiene carácter vinculante ni genera efectos jurídicos generales, pues constituye una opinión técnica sobre la normativa aplicable en materia de protección de datos personales.

Su contenido no podrá ser invocado para limitar, condicionar o impedir el ejercicio de las facultades de supervisión, control y sanción que corresponden a la Superintendencia de Protección de Datos Personales.

Ley orgánica de protección de datos personales

Reglamento de la ley orgánica de protección de datos personales
Estatuto de protección de datos personales

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